Licencia social para operar

La Licencia Social para Operar (LSO) se refiere a la idea de que “las empresas también necesitan obtener el apoyo de la comunidad o sociedad en la que operan” (IFC 2014). El concepto de LSO se usa a menudo para referirse a la aceptación actual de la población local que rodea un proyecto dado. En línea con esto, la LSO también está asociada con (la ausencia de) protestas, conflictos sociales y costosas interrupciones de la producción.

Por consiguiente, la encuesta de 2020 de EY sobre los 10 principales riesgos para las empresas reveló que las empresas siguen considerando la licencia para operar como el principal riesgo para el sector minero.

Sin embargo, las actitudes de la población local hacia las operaciones mineras suelen ser más matizadas y heterogéneas de lo que sugiere el término “licencia” (Pedro et al, 2017). Dentro de la misma comunidad, puede haber quienes ansían la mina y las oportunidades que puede brindar, quienes se oponen a ella por preocupaciones medioambientales, quienes toleran la mina pero no la aprueban, quienes no se atreven a expresar su disconformidad públicamente, etc. Todas estas actitudes también pueden cambiar con el tiempo.

A pesar de sus limitaciones, la LSO es útil ya que arroja luz sobre las responsabilidades de las empresas hacia la población local y sobre la agencia de la población local como partes interesadas influyentes de las operaciones comerciales.

Despliegue para saber más sobre los elementos clave para conseguir la LSO.

Participación de las partes interesadas

La Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo es “un marco práctico para identificar y gestionar riesgos con relación a las actividades de participación de las partes interesadas para garantizar que las empresas desempeñan un papel en evitar y paliar efectos”. Las recomendaciones clave son desarrollar una estrategia de participación de las partes interesadas que dé prioridad a las más afectadas y garantice la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, entre otras.

La Responsible Mining Foundation ha desarrollado la Herramienta de evaluación de explotaciones mineras. Es un conjunto de preguntas para ayudar a las partes interesadas locales a entender “su” explotación minera y participar en un diálogo constructivo con la empresa minera.

La participación es clave para crear relaciones constructivas con las partes interesadas locales y minimizar los impactos adversos de las operaciones mineras. Una forma de garantizar la participación efectiva de las partes interesadas es mediante consultas públicas. La publicación Consultas públicas: El paso a paso, del Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece orientación sobre cómo llevar a cabo consultas públicas con las partes interesadas en distintos sectores, incluido el minero.

 

Compensación y reparación

Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU estipulan que las empresas deben proporcionar mecanismos de reclamación a la población afectada negativamente por sus operaciones (principios 25 – 31).

La guía del ICMM Gestión y resolución de preocupaciones y quejas a nivel local: Los derechos humanos en el sector de la minería y los metales sugiere maneras prácticas en las que las empresas pueden gestionar efectivamente las quejas de las comunidades locales y cómo se pueden adaptar esos mecanismos para incorporarlos a distintas fases del ciclo minero.

La Mining Association of Canada desarrolló el documento Site-Level Grievance and Community Response Mechanism: A Practical Design and Implementation Guide for the Resource Development Industry. Puede dar una orientación útil a las partes interesadas en operaciones mineras en América Latina que son propiedad de empresas canadienses.

 

Pueblos indígenas

Un tema destacado de LSO en América Latina es la falta de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la tierra y a ser consultados, entre otros, están contemplados en el Convenio 169 de la OIT y también se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los miembros del ICMM deben adherirse a la Declaración de posición sobre los pueblos indígenas y la minería de la organización. Exige que los miembros respeten los derechos de los pueblos indígenas, garanticen su participación significativa y trabajen para obtener su consentimiento previo libre e informado.

El ICMM también ha desarrollado la Guía de buenas prácticas para los pueblos indígenas y la minería, que ofrece a las empresas orientación y herramientas prácticas para relacionarse con los pueblos indígenas, gestionar los impactos, construir acuerdos y tratar las quejas.

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Como parte de su iniciativa industrial Towards Sustainable Mining (TSM, «hacia una minería sostenible»), la Mining Association of Canada adoptó un nuevo Protocolo de Relaciones Comunitarias e Indígenas TSM. Consta de cinco indicadores en función de los cuales las empresas miembros deben informar de su desempeño. La asociación minera argentina CAEM y la asociación minera brasileña IBRAM son organizaciones que participan en la TSM.

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El Anexo B de la Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo ofrece orientación específica para relacionarse con los pueblos indígenas.

Encontrará más información sobre la situación de los pueblos indígenas en cada país miembro de la MDNP explorando las fichas de país del Área de miembros.